Gravemente
se ha ido arruinando el edificio de la democracia al resquebrajarse sus bases
principales: la independencia entre poderes, la representatividad y el respeto
a las minorías.
La
teórica independencia entre poderes es un contrasentido. Basta pesquisar en la
práctica el origen y composición de cada uno de ellos, para comprobar las
íntimas relaciones que los ligan. No podría ser de otro modo. Todos forman
parte de un mismo sistema. De manera que las frecuentes crisis de avance de
unos sobre otros, de superposición de funciones, de corrupción e irregularidad,
se corresponden con la situación global, económica y política, de un país dado.
En
cuanto a la representatividad. Desde la época de la extensión del sufragio
universal se pensó que existía un solo acto entre la elección y la conclusión
del mandato de los representantes del pueblo. Pero a medida que ha transcurrido
el tiempo se ha visto claramente que existe un primer acto mediante el cual
muchos eligen a pocos y un segundo acto en el que estos pocos traicionan a los
muchos, representando a intereses ajenos al mandato recibido. Ya ese mal se
incuba en los partidos políticos reducidos a cúpulas separadas de las
necesidades del pueblo. Ya, en la máquina partidaria, los grandes intereses
financian candidatos y dictan las políticas que éstos deberán seguir. Todo esto
evidencia una profunda crisis en el concepto y la implementación de la
representatividad.
Los
humanistas luchan para transformar la práctica de la representatividad dando la
mayor importancia a la consulta popular, el plebiscito y la elección directa de
los candidatos. Porque aún existen, en numerosos países, leyes que subordinan
candidatos independientes a partidos políticos, o bien, subterfugios y
limitaciones económicas para presentarse ante la voluntad de la sociedad. Toda
Constitución o ley que se oponga a la capacidad plena del ciudadano de elegir y
ser elegido, burla de raíz a la democracia real que está por encima de toda
regulación jurídica. Y, si se trata de igualdad de oportunidades, los medios de
difusión deben ponerse al servicio de la población en el período electoral en
que los candidatos exponen sus propuestas, otorgando a todos exactamente las
mismas oportunidades. Por otra parte, deben imponerse leyes de responsabilidad
política mediante las cuales todo aquel que no cumpla con lo prometido a sus
electores arriesgue el desafuero, la destitución o el juicio político. Porque
el otro expediente, el que actualmente se sostiene, mediante el cual los
individuos o los partidos que no cumplan sufrirán el castigo de las urnas en
elección futura, no interrumpe en absoluto el segundo acto de traición a los
representados. En cuanto a la consulta directa sobre los temas de urgencia,
cada día existen más posibilidades para su implementación tecnológica. No es el
caso de priorizar las encuestas y los sondeos manipulados, sino que se trata de
facilitar la participación y el voto directo a través de medios electrónicos y
computacionales avanzados.
En
una democracia real debe darse a las minorías las garantías que merece su
representatividad pero, además, debe extremarse toda medida que favorezca en la
práctica su inserción y desarrollo. Hoy, las minorías acosadas por la xenofobia
y la discriminación piden angustiosamente su reconocimiento y, en ese sentido,
es responsabilidad de los humanistas elevar este tema al nivel de las
discusiones más importantes encabezando la lucha en cada lugar hasta vencer a
los neofascismos abiertos o encubiertos. En definitiva, luchar por los derechos
de las minorías es luchar por los derechos de todos los seres humanos.
Pero
también ocurre en el conglomerado de un país que provincias enteras, regiones o
autonomías, padecen la misma discriminación de las minorías merced a la
compulsión del Estado centralizado, hoy instrumento insensible en manos del
gran capital. Y esto deberá cesar cuando se impulse una organización federativa
en la que el poder político real vuelva a manos de dichas entidades históricas
y culturales.
En definitiva, poner por
delante los temas del capital y el trabajo, los temas de la democracia real, y
los objetivos de la descentralización del aparato estatal, es encaminar la
lucha política hacia la creación de un nuevo tipo de sociedad. Una sociedad
flexible y en constante cambio, acorde con las necesidades dinámicas de los
pueblos hoy por hoy asfixiados por la dependencia.
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